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Filipinas
El 18 de junio, Mervin Toquero, secretario general adjunto del Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, presentó una declaración de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del CMI en un diálogo interactivo con el relator especial de la ONU sobre sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
La declaración del CMI insta al gobierno de Filipinas a proteger a las víctimas y a sus familias. “Esto incluye protegerlas de represalias como la violencia, la detención arbitraria o la intimidación en línea”, dice la declaración.
El CMI participó también en una sesión informativa para organizaciones no gubernamentales sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas. Los oradores compartieron que, a pesar del fin del régimen de Duterte en 2022, y su próximo juicio en la Corte Penal Internacional, la situación de los derechos humanos en Filipinas no ha mejorado. Continúan los asesinatos, los secuestros y la represión, y no ha habido justicia para las miles de víctimas de la “guerra contra las drogas”.
Rise Up, una organización no gubernamental de Filipinas, informó de que la guerra contra las drogas del gobierno de Duterte ha provocado una de las peores crisis de derechos humanos en el país, que se ha saldado con las vidas de miles de personas pobres, y con miles de mujeres viudas, niños huérfanos y madres en duelo.
“Las personas de las comunidades urbanas pobres han sido masacradas y asesinadas en cifras alarmantes”, informó Rise Up. “Trabajar con las familias de las víctimas ha sido el principal objetivo de Rise Up desde su formación en octubre de 2016”.
“No hay trabajo, por lo que las familias están pasando más hambre y son más vulnerables a las enfermedades”, informó Rise Up. “Este oscuro periodo debe ser recordado, no solo para que las generaciones futuras sean conscientes de que tuvo lugar este baño de sangre patrocinado por el Estado, sino, lo que es más importante, para que estén determinadas a que jamás vuelva a suceder algo así”.
El 24 de junio, el CMI copatrocinó un evento paralelo con la relatora especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Irene Khan, que visitó recientemente Filipinas. Presentó un resumen de sus conclusiones.
Angola y Madagascar
El 1 de julio, el CMI emitió una declaración en el contexto de la adopción del Examen Periódico Universal de Angola. El 2 de julio, el CMI emitió una declaración en el contexto de la adopción del Examen Periódico Universal de Madagascar.
Las declaraciones sobre Madagascar y Angola se centraron en los derechos de la mujer, en particular la fístula obstétrica, en relación con las visitas del CMI a esos países en 2022 y 2024.
La fístula obstétrica es una lesión en el parto causada generalmente por una labor de parto prolongada y obstruida sin acceso a una atención médica adecuada que puede tener consecuencias físicas, emocionales y económicas devastadoras para las mujeres, llegando incluso a provocar una discapacidad permanente.
La declaración de Angola también señala que, durante una visita del CMI a Angola, las mujeres de las iglesias miembros expresaron su preocupación por los crecientes niveles de violencia doméstica, de la que no se atreven a hablar, ya que temen las consecuencias y son intimidadas por los autores.
“El Centro Municipal de Asesoramiento Familiar trabaja tanto con los agresores como con las víctimas, pero la mayoría de los miembros del personal son personas voluntarias no remuneradas”, señala la declaración. “Pedimos al Gobierno que reproduzca este excelente centro en todo Angola para llegar a todas las víctimas de la violencia doméstica, que proporcione refugios a dichas víctimas y que dote plenamente de recursos a estas instalaciones con personal asalariado”.
La declaración de Madagascar señala que es fundamental invertir en la prevención de la fístula obstétrica. “La implantación de la enseñanza secundaria en las zonas rurales ayudaría a retrasar el matrimonio y los embarazos precoces”. Debe introducirse en el programa escolar una educación sexual para niños y niñas que sea culturalmente apropiada y sensible”, prosigue la declaración. “La provisión de transporte a los centros médicos para las parturientas haría que disminuyeran mucho los casos de fístula”.
La declaración señala que urge mejorar la formación del personal quirúrgico malgache para llevar a cabo la reparación de la fístula, para que luego puedan también transferir sus conocimientos a otras personas, y paliar así la fuerte dependencia de personal quirúrgico extranjero. “Es necesario proporcionar más asistencia a las mujeres durante la recuperación de la operación”, concluye la declaración.
Declaración conjunta
El 30 de junio, el CMI fue cosignatario de una declaración del Foro Interreligioso de Ginebra sobre el Cambio Climático en el diálogo interactivo con el relator especial de la ONU sobre el cambio climático.
Eventos paralelos
El 24 de junio, la Red Ecuménica de Defensa de las Personas con Discapacidad del CMI participó en un evento paralelo titulado “Holding the Line: Advancing Civil Rights and Gender Justice in Shrinking Civil Space” (“Mantenerse firmes: promover los derechos civiles y la justicia de género en un espacio civil cada vez más reducido”), coorganizado por las Misiones Permanentes de Suecia y Brasil, la UE, ACT Alianza, la Federación Luterana Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias y otros asociados clave.
El evento paralelo, que reunió a voces multilaterales y de la sociedad civil, se centró en las estrategias de colaboración para contrarrestar las crecientes restricciones al espacio cívico, especialmente para las mujeres y los grupos marginados.
Redistribuir la tierra, restablecer los derechos
El 30 de junio, en un evento paralelo al 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizado conjuntamente por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y sus asociados en Ginebra, se examinó el tema “Redistribuir la tierra, restablecer los derechos: abordando las desigualdades en la distribución de la tierra para superar las crisis mundiales”.
La acumulación de grandes cantidades de tierra por parte de un pequeño grupo de terratenientes corporativos mundiales está alimentando la desigualdad y acelerando la crisis climática, según un nuevo informe de FIAN Internacional, que reclama la redistribución de la tierra y reformas fiscales mundiales para invertir esta peligrosa tendencia.
Durante el evento, Ana María Suárez, secretaria general de FIAN, planteó la preocupación de que una superficie de tierra cada vez mayor se transforme en un activo financiero, en lugar de ser un recurso vital.
Los nuevos desafíos relacionados con la alimentación, el clima, la energía y la crisis financiera han aumentado enormemente el valor monetario de la tierra.
Además, ahora hay actores poco habituales en el contexto de las inversiones y la gestión de tierras, como los fondos de pensiones y las compañías de seguros.
También se observa un fuerte aumento de las inversiones transnacionales en tierras. “El 70% de las tierras agrícolas están controladas por el 1% de las mayores explotaciones del mundo”, afirma Suárez.
Diez terratenientes transnacionales, apodados los “Señores de la tierra”, controlan actualmente más de 400 000 km2 (40 millones de hectáreas) en varios países, una superficie equivalente a la de Japón.
“Debido a las prácticas coloniales, la tierra en el Sur global está controlada por actores financieros del Norte global”, subrayó Suárez.
Otro problema es el “acaparamiento verde”, es decir, que los proyectos de carbono/biodiversidad están impulsando el acaparamiento de tierras, y no necesariamente apoyando prácticas que sustenten la vida.
En un mensaje de vídeo, S.E. Martha Viviana Carvajalino Villegas, ministra de Agricultura de Colombia, expresó: “Necesitamos tierras para la gente necesitada. Necesitamos tierra para trabajar; tierra para producir alimentos; tierra para comer, y tierra para vivir. Para ello necesitamos otra reforma agraria”.
Colombia acogerá la II Conferencia Internacional sobre Reformas Agrarias en febrero de 2026.
Morgan Ody, coordinador general de Vía Campesina, se refirió a las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques que fueron aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012.
Subrayó que la reforma agraria tiene que centrarse en abordar la pobreza y el hambre, pero también advirtió de que se enfrentará a desafíos. Puso ejemplos de reformas agrarias en Chile y otros países que se enfrentaron a la resistencia de los terratenientes ricos.
Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, se hizo eco de que debemos poner la tierra bajo el control de los pueblos indígenas para su gestión eficaz. Llamó la atención sobre su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2026, en el que se centrará en la tierra con una perspectiva de derechos humanos.
Dinesh Suna, responsable del programa del CMI en materia de tierra, agua y alimentos, señaló que el informe de FIAN Internacional no tenía en cuenta las tierras que pertenecen a las comunidades religiosas, que representan el 8% de las tierras habitables. Las propias iglesias poseen unas tres veces más que los diez grandes terratenientes transnacionales. “Quizá haya que elaborar otro informe sobre este aspecto de la tierra”, sugirió Suna. “¿Cómo podemos implicar a las organizaciones y a las comunidades religiosas en la reforma agraria y la redistribución de la tierra?”.
Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del CMI
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La labor del CMI en materia de “Cuidado de la Creación y justicia climática”
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Red Ecuménica de Defensa de las Personas con Discapacidad (EDAN)
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