Reportaje
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En el territorio ancestral del pueblo wayú, en el norte de Colombia, se ha excavado una inmensa mina a cielo abierto, un páramo industrial tóxico que se extiende a lo largo de 690 kilómetros cuadrados y que, desde hace cuatro décadas, consume el agua, envenena la tierra y desplaza a las comunidades de uno de los pueblos más marginados de América del Sur. A modo de comparación: Washington D. C. tiene una superficie de 177 kilómetros cuadrados, lo que equivale a una cuarta parte de la superficie de la mina. La mina de carbón de Cerrejón es la mayor de América Latina y, dado su impacto en las personas y el medio ambiente, resulta tan perjudicial como enorme.
Los jueces colombianos han dictaminado en repetidas ocasiones que la mina ha violado los derechos de los pueblos indígenas al agua, la alimentación y la salud, pero Cerrejón ha desobedecido esas sentencias. El Instituto Nacional de Salud de Colombia ha documentado que La Guajira, el departamento donde se encuentra la mina, concentra casi un tercio de todas las muertes infantiles por desnutrición del país.
El propio presidente de Colombia ha acusado a la empresa de ser responsable de la muerte de miles de niños wayú. Y cuando la licencia de la mina expire en 2034 —si no se prorroga—, dejará tras de sí aguas subterráneas agotadas y contaminadas, pueblos destruidos y ningún plan financiero para hacer frente a todo ello.
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Enormes montones de escombros se alzan sobre el paisaje que rodea la mina de carbón de Cerrejón en La Guajira (Colombia). Los residuos excavados para dejar al descubierto las vetas de carbón han transformado decenas de miles de hectáreas de terreno, asfixiando la vegetación, contaminando las aguas subterráneas y generando nubes de polvo tóxico fino que se extienden por las comunidades wayú circundantes, comunidades que nunca han dado su consentimiento ni se han beneficiado de la explotación de la mina.
Sean Hawkey/CMI
¿Quién es el propietario de la mina y quién la financia?
La empresa minera Cerrejón transporta aproximadamente 80 000 toneladas de carbón al día por ferrocarril, recorriendo 150 kilómetros hasta Puerto Bolívar. En términos comparativos, esto equivale a unos 3000 camiones de mercancías pesadas a plena carga cada día, aproximadamente uno cada 30 segundos, sin interrupción.
Desde enero de 2022, la mina es propiedad exclusiva de Glencore, el gigante de las materias primas con sede en Suiza y que cotiza en la Bolsa de Londres. Pero ¿quién financia una mina de esta envergadura y, por lo tanto, quién comparte la responsabilidad de lo que ocurre en sus operaciones?
Entre 2016 y 2023, el propietario de la mina, Glencore, recibió 83 300 millones de euros en préstamos e inversiones, de los cuales casi la mitad procedía de bancos europeos, encabezados por UBS, BNP Paribas, Société Générale, ING y HSBC. En mayo de 2023, solo HSBC ayudó a recaudar 1000 millones de dólares para Glencore, a pesar de haber hecho promesas públicas de no financiar la expansión del carbón.
Esto no es del agrado de todos los inversores y accionistas. El Fondo de Pensiones del Gobierno noruego desinvirtió en Glencore en 2020, y su homólogo neerlandés hizo lo mismo en 2021, alegando “soborno, corrupción, conflictos con las comunidades locales y malas condiciones laborales” como motivos para excluir a la empresa de su cartera. La pregunta ahora es si otros grupos de inversión y bancos seguirán su ejemplo.
El mensaje de Mildreth Guetta Uriana, de la comunidad indígena wayú, es contundente: “¿Qué deberían hacer las empresas, las iglesias y las personas que invierten en Glencore? Deberían investigar más a fondo o, por lo menos, acudir a las comunidades y averiguar qué está sucediendo. Hay muchos documentales en YouTube que muestran los problemas reales que existen en La Guajira. No piensen solo en la empresa, piensen en los niños que merecen vivir en un entorno saludable, que merecen tener su propia comunidad. Por lo menos, compréndannos, pónganse en nuestro lugar y averigüen qué está ocurriendo realmente. A causa de la minería, perdemos vidas, perdemos territorio, perdemos todo lo que tenemos y todo lo que nuestros antepasados construyeron con esfuerzo”.
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Jocelyn Carolina, una activa líder comunitaria, posa frente a su casa, con flores de guayacán esparcidas por el suelo, junto a Juan Carlos de Piayú, otra autoridad indígena de una aldea vecina. El pueblo indígena wayú de La Guajira (Colombia) lleva décadas sufriendo desplazamientos, contaminación y destrucción cultural a causa de la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, una de las mayores del mundo.
Sean Hawkey/CMI
Aldeas destruidas
Más de veinticinco comunidades han sido desplazadas por la fuerza de sus territorios, a veces con una violencia considerable.
Juan Carlos de Piayú procede de una comunidad indígena ancestral que hoy es propiedad privada de Cerrejón. Su familia fue desplazada en 1992. “El desplazamiento se produjo, en parte, debido a la ignorancia de los ancianos: los ancianos wayú no sabían leer ni escribir. Llegó gente de fuera y dijo que la tierra se había cedido a la mina. Convencieron a algunos de los ancianos y se los llevaron a Venezuela. Mi madre era una mujer sola con ocho hijos pequeños. Como ella no se marchó, vinieron y desmantelaron su casa. Fue el propio Estado quien lo hizo; los dejaron en un territorio vecino a unos tres kilómetros de distancia”.
Omar Sapuano, un líder comunitario de Barrancas, describe una amenaza proferida por un funcionario apenas unas semanas antes de que se redactara este artículo. “Nos dijo: ‘Aún tienen una orden policial de desalojo vigente y, en el momento en que se nieguen a entregar el territorio, serán ustedes quienes sufran las consecuencias, pues derribaremos su casa y nos llevaremos todo lo que tengan’”.
La comunidad lleva catorce años en estas tierras. El líder afirma que su solicitud de reconocimiento formal de su autoridad tradicional fue denegada porque “la alcaldía nos dijo que no podían nombrarnos responsables del territorio, ya que este pertenece a Cerrejón”. El propio alcalde, Vicente Berardinelli, es, según la comunidad, el tataranieto del hombre que llevó a cabo el desplazamiento original en 1900. “Hoy se repite la misma historia con la misma familia, el mismo linaje”, explica el líder. “No tenemos suministro de agua ni vivienda ni asistencia sanitaria; no tenemos nada. Estamos a la deriva”.
Jocelyn Carolina, cuya comunidad de cincuenta familias ocupa una única hectárea de terreno cercada por todos los lados, describe el avance de la mina en términos tanto geográficos como existenciales: “La mina ha ido avanzando hacia este lado; solo queda un pequeño espacio entre aquí y el río. Tampoco hay tierra al otro lado, porque han ido comprando las parcelas. Tienen que terminar la extracción en este lado antes de venir para aquí”.
Para Mildreth Guetta Uriana, la pérdida de territorio no es solo física, sino también espiritual. “Un wayú sin territorio no es wayú. Una persona wayú sin territorio no es nada. Pero qué hermoso es decir: ‘Vengo de este territorio, tengo mi agua, tengo mi río, tengo mi arroyo’. Es algo muy valioso que hay que proteger y por lo que hay que luchar hasta el final”.
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Omar Sapuano, gobernador del cabildo de la comunidad indígena de El Jamiche, camina junto al río Ranchería que atraviesa La Guajira (Colombia). En su día, este río fue el sustento vital del pueblo indígena wayú, ya que proporcionaba agua potable limpia en una de las regiones más áridas de América del Sur. Desde la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, el curso del río se ha desviado sistemáticamente para abastecer las operaciones de la mina. Estudios independientes han revelado que la comunidad wayú ahora extrae agua contaminada con arsénico, mercurio, plomo, zinc, bario y residuos de combustible vertidos por la mina.
Sean Hawkey/CMI
Una situación preocupante
Las protestas se han convertido en algo habitual en los alrededores de la mina. Los manifestantes bloquean periódicamente carreteras y vías férreas, exigiendo servicios de abastecimiento de agua, una mayor inversión social y puestos de trabajo. Solo en 2024 se produjeron 333 bloqueos ferroviarios —que impidieron el transporte de carbón al puerto durante 135 días del año—, además de cinco atentados con explosivos contra la vía férrea en un período de tres meses.
En junio de 2020, los abogados de la comunidad wayú presentaron una solicitud ante el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente con el fin de que se detuvieran las operaciones mineras. En septiembre de 2020, varios expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron una suspensión temporal, alegando graves daños medioambientales y efectos negativos para la salud de los pueblos indígenas. El relator especial de las Naciones Unidas calificó la situación de Cerrejón y la comunidad wayú como una de las más preocupantes con las que se había encontrado durante su mandato.
Los mecanismos jurídicos internacionales ofrecen otras opciones. El sistema de denuncias de la OCDE permite a las comunidades y a los grupos de la sociedad civil presentar denuncias contra empresas multinacionales y, algo muy importante, contra los bancos que las financian.
La denuncia presentada ante el Punto de Contacto Nacional (PCN) del Reino Unido, presentada conjuntamente por las iglesias metodistas de Colombia, Gran Bretaña e Irlanda el 5 de junio, sostiene que las instituciones financieras tienen la responsabilidad de garantizar que las prácticas de financiación e inversión estén en consonancia con los derechos humanos, las normas medioambientales y los compromisos climáticos del banco HSBC.
No obstante, el mecanismo presenta limitaciones ostensibles. El procedimiento de denuncia de las Líneas Directrices de la OCDE es voluntario para las empresas. Los PNC no tienen autoridad para exigir a las empresas que modifiquen sus prácticas. En el mejor de los casos, solo pueden criticar la mala conducta de las empresas y alentarlas a tomar medidas. Ahora bien, en los casos en que ha funcionado, el impacto ha sido significativo. Una denuncia contra el banco ING dio lugar a que el PNC neerlandés dictaminara que ING debía establecer objetivos climáticos concretos en consonancia con el Acuerdo de París, y el banco se comprometió a reducir su inversión en el carbón térmico hasta casi cero para 2025 y a abstenerse de financiar nuevas centrales eléctricas de carbón.
La licencia de Glencore en Cerrejón expirará en 2034, aunque se especula con que podría prorrogarse bajo un Gobierno diferente. Hasta la fecha, la empresa no se ha comprometido a una restitución completa, y las comunidades temen que el terreno nunca se recupere, incluso tras el cierre de la mina. Reclaman un plan de cierre que garantice la justicia medioambiental, social y climática.
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Niños y niñas indígenas de camino a la escuela en la parte trasera de un camión abierto cerca de Uribia, en La Guajira (Colombia).
Sean Hawkey/CMI
“Pónganse en nuestro lugar”
“La tierra no se conserva solo con decirlo”, afirma Mildreth Guetta Uriana. “Se construye, se lucha por ella. Y eso es lo que intento hacer, lo que mi madre intenta hacer. Soy hija de una líder wayú y, gracias a ella, hoy estoy aquí hablando ante una cámara, porque la vi luchar cada día por mi hermano pequeño. No queremos renunciar a nuestro territorio. No queremos entregárselo a otras personas a las que les va bien, que viven cómodamente en sus propios hogares”.
El carbón de El Cerrejón ha suministrado energía a viviendas e industrias de toda Europa y Asia durante cuatro décadas. Las comunidades que ha dejado atrás —los wayú, con sus animales muriéndose de sed, sus cultivos cubiertos de polvo de carbón y los niños afectados por los vapores de azufre— siguen esperando justicia y apoyo. A medida que la licencia de la mina se acerca a su vencimiento en 2034, su mensaje a los bancos e inversores que lo hicieron posible es sencillo. “Por lo menos, compréndannos”, pide Mildreth Guetta Uriana. “Pónganse en nuestro lugar y averigüen qué está ocurriendo realmente. A causa de la minería, perdemos vidas, perdemos territorio, perdemos todo lo que tenemos y todo lo que nuestros antepasados construyeron con esfuerzo”.
La denuncia de las iglesias contra el banco HSBC es un ejemplo de la puesta en práctica de la iniciativa del CMI “Esperanza para los niños”, impulsada por niños y jóvenes que instaron al CMI a convertir la justicia climática en uno de los pilares del programa “Compromisos de las iglesias con los niños”.
El Consejo Mundial de Iglesias invita a las iglesias, los asociados ecuménicos y las organizaciones religiosas de todo el mundo a firmar una carta abierta en la que se respalda una denuncia ante la OCDE presentada por las iglesias metodistas de Colombia, Gran Bretaña e Irlanda, junto con otros asociados, por la relación financiera de HSBC con Glencore y la mina de carbón de Cerrejón en Colombia. Se alienta a las iglesias, los asociados ecuménicos y otras organizaciones a respaldar la iniciativa firmando la carta abierta aquí.
